Ante la declaratoria de pandemia que realizó la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo de 2020 por la presencia del virus SARS CoV2 causante de la enfermedad COVID-19, las instituciones estamos enfrentando diversos riesgos estratégicos y de operación en el propósito de mantener el servicio que atienda las necesidades de la sociedad; ello, procurando la protección de la salud, la seguridad de colaboradores y usuarios, así como, la adaptación por recortes presupuestales.
En el mes de marzo y en el marco de la Jornada de Sana Distancia determinada por el gobierno federal, el Consejo de la Judicatura emitió el acuerdo de suspensión de labores presenciales en órganos jurisdiccionales y unidades administrativas con el propósito de ralentizar la transmisión de la enfermedad COVID-19; no obstante, la impartición de justicia es un servicio esencial que debía continuar en la medida de lo posible.
El liderazgo y la resiliencia han sido factores clave para las determinaciones adoptadas que permitan hacer frente a la incertidumbre. Se requiere ser proactivo, generar bienestar a través del liderazgo y confianza en las instituciones.
Se establecieron 4 líneas de acción ante la emergencia sanitaria:
Se instaló el Comité para la Prevención de Riesgos Sanitarios que ha actuado como el puente de comunicación entre los diferentes órganos jurisdiccionales y unidades administrativas en la implementación de las medidas de prevención y seguimiento.
Dentro de sus funciones, se encuentra el dar seguimiento a los casos de sospecha o confirmación de contagio, así como su reincorporación laboral sin discriminación.
Se presentaron 636 casos asociados a Covid-19, incluyendo riesgos de contagio y resultados negativos. De los cuales 472 fueron casos positivos, presentándose 15 decesos.
Se creó la Unidad de Apoyo y Acompañamiento Emocional (tanatológico), cuyo objetivo es mejorar la calidad emocional de los colaboradores judiciales frente a la pandemia, unidad que además tiene la función de implementar talleres, programas y campañas en beneficio del estado emocional y físico de las y los servidores judiciales.
Como una acción de acompañamiento se desarrolló el Taller Mi duelo ante una nueva realidad, impartido en línea, contando con una participación de 1 mil 78 colaboradores judiciales y miembros de las familias de deudos. Adicionalmente, se elaboró la Guía de Acompañamiento y Apoyo Emocional, mi Duelo ante el COVID-19, como una herramienta para adaptarse a una nueva forma de vida.
En la declaratoria de suspensión de actividades presenciales del 23 de marzo al 27 de julio, los términos procesales se interrumpieron, no obstante la actividad continuó en las materias Penal y Familiar dada la relevancia de su función, no se suspendieron todas las actividades; la ocupación del sistema de justicia fue variada, ya que en la etapa crítica de contingencia (semáforo rojo) la capacidad institucional fue dispuesta en un 6.5 por ciento con relación al año 2019, una vez transitado al semáforo naranja se ha incrementado hasta alcanzar un 72 por ciento.
Con el propósito de proteger las libertades y derechos de los ciudadanos, se adoptaron determinaciones que permitieran la continuidad del servicio, el impulso en el uso de las tecnologías como una solución ineludible en el servicio público, así como el trabajo a distancia.
Dentro de las disposiciones emitidas se señalan
Reactivación parcial del servicio
Reactivación parcial del servicio
Ampliación de la suspensión de labores presenciales por el periodo del 21 al 30 de abril.
Ampliación de la suspensión de labores por el periodo del 1 al 31 de mayo.
El porcentaje de conclusión se ha visto impactado, pues para el año 2019 se estimaba en la primera instancia en un 80 por ciento, y en la anualidad que se informa -2020- disminuye al 61 por ciento derivado de la adaptación al uso de medios electrónicos y la reducción de personal por condiciones de vulnerabilidad.
El cambio de paradigma hacia una justicia digital representa retos importantes como la alfabetización digital, lo que ha propiciado un acercamiento efectivo con barras, asociaciones y colegios de abogados para sensibilizar y capacitar en el uso de los servicios digitales facilitando su adaptación a la nueva forma de impartición de justicia.
Se realizaron reuniones para promover el Tribunal Electrónico con más de 18 agrupaciones de profesionales del derecho, consejeros, asesores y directores jurídicos de los ayuntamientos, entre otros.
Se abordaron temas como: firma electrónica FeJEM; acceso y consulta de expediente; consulta y presentación de promociones; gestión de notificaciones y exhortos; el proceso se realizó mediante tecnología WebEx, permitiendo que los usuarios se pueden conectar desde cualquier dispositivo con acceso a internet (tableta, equipo de cómputo, dispositivo móvil, etc.), logrando más de 6,404 usuarios capacitados y 23,500 llamadas atendidas de consulta y orientación en el uso del Tribunal Electrónico; asimismo, se realizó el Seminario de Inducción en Litigación Digital con asistencia de 831 abogados.
Adicionalmente, se dispuso tanto para colaboradores judiciales como para usuarios del servicio, de 4 video-tutoriales sobre el uso de la plataforma Webex, herramienta que permite llevar a cabo las videoconferencias, logrando con ello efectuar en promedio 300 eventos al día.
La firma electrónica FeJEM es un elemento necesario para el acceso al Tribunal Electrónico. De manera ordinaria se entregaban en promedio 14 firmas al día; pero, a partir del 23 de marzo se incrementó exponencialmente el promedio de emisión con 158 certificados al día. Para agilizar el tiempo de atención y evitar traslados, se adaptó su tramitación a través de medios electrónicos. A la fecha se han otorgado 34,072 firmas electrónicas.
Estamos haciendo frente a los desafíos y aprendiendo mucho más sobre la justicia digital, continuamos avanzando.
Una vez determinada la suspensión, se habilitaron de forma progresiva los servicios del Tribunal Electrónico en las diferentes materias:
Asimismo, se ampliaron servicios como:
Los procesos de apoyo a la función jurisdiccional también debieron ser adaptados para dar continuidad al servicio, tal es el caso de los servicios periciales con la implementación de la valoración psicológica forense vía electrónica basado en las “Guidelines for the Practice of Telepsychology. Joint Task Force for the Development of Telepsychology Guidelines for Psychologists. (2013)”, la cual, permitió la automatización de la calificación de pruebas optimizando tiempos de atención, así como la generación del informe digital que integre el expediente electrónico. Se capacitó a 34 peritos y 102 colaboradores que conocen de la materia Familiar.
Debido al alto impacto de la emergencia sanitaria y en estricta atención a la posición del Poder Judicial como garante del Estado, es menester tomar acciones para reducir los niveles de sobrepoblación y hacinamiento en la entidad mexiquense y disponer en forma racional y ordenada de medidas alternativas a la privación de la libertad en aquellos casos en los que los internos son candidatos a obtener algún beneficio preliberacional.
Resultado del trabajo conjunto con el ejecutivo estatal, se impulsaron las acciones para la detección de probables candidatos a obtener dichos beneficios, dando cumplimiento a los mandatos legales que establecen el derecho de la persona privada de su libertad en centros preventivos de obtener su preliberación al cumplir los requisitos legales y, por otra, garantizar el derecho humano a la salud e integridad, evitando posibles propagaciones del virus en los centros penitenciarios. Durante el periodo marzo-diciembre 2020 se otorgaron 2,251 beneficios preliberacionales decretándose más de 2,055 extinciones de pena.
En Tribunales de Alzada se ampliaron los procesos y servicios del Sistema de Gestión Judicial con los módulos de:
A efecto de no soslayar la atención de los usuarios durante la contingencia, se puso en marcha la Mediación en Línea, iniciando con la capacitación del personal del Centro Estatal de Mediación, Conciliación y de Justicia Restaurativa para conocer las habilidades y herramientas relativas a esta modalidad.
Este nuevo esquema de servicio a través de una comunicación virtual ha obtenido resultados favorables entre la ciudadanía, ya que de marzo a diciembre de 2020 se contabilizan 3,878 sesiones efectivas.
En materia Familiar, con la finalidad de mantener las relaciones personales y contacto entre los menores y sus ascendientes, y ante la imposibilidad de que dicha convivencia se lleve dentro de los centros, se implementaron las convivencias electrónicas en los Centros de Convivencia Familiar, siendo aquellas en las que el menor convive con el ascendiente no custodio o con quien le asista el derecho por medio de tecnologías, tales como: llamada telefónica en conferencia, videollamada o cualquier otro medio electrónico. Dicha disposición observa lo previsto en la Convención de los Derechos del Niño.
En coordinación con órganos jurisdiccionales, 16 especialistas y 11 peritos en psicología, se supervisaron 10,855 convivencias en línea, beneficiando a 14,162 niñas, niños y adolescentes de 2,013 familias.
También se realizaron campañas con un alcance a los tutores o cuidadores de los menores con el propósito de concientizar y comprender la nueva realidad a través de la expresión de las emociones y pensamientos de los menores, contando con una participación de 670 niños, niñas y adolescentes acompañados.
Temáticas:
Otro servicio como el de Correspondencia, apoyó en la continuidad de la administración de justicia con la recepción y entrega de más de 18 mil documentos en 82 órganos jurisdiccionales durante la etapa crítica de la contingencia, principalmente, relacionados con trámites de pensión alimenticia y violencia familiar, garantizando así el respeto a sus derechos.
A la par de dichas determinaciones, se procuraron acciones que garantizaran la seguridad de colaboradores judiciales, entre las que destacan:
El Programa de Atención Oportuna OPERAM ha representado un efectivo mecanismo de acercamiento y orientación al ciudadano desde el inicio de la contingencia, pues, además de las cabinas, teléfonos IP y sitio web, se habilitó el servicio telefónico para la atención de dudas sobre el funcionamiento del Tribunal Electrónico y el trámite para la obtención de la firma electrónica FeJEM. Durante 2018 y 2019, a través de este programa OPERAM se atendieron 2,659 usuarios, aproximadamente; y, en la anualidad que se informa, dicha cifra suma más de 14,500 personas atendidas.
Todas estas acciones han permitido mantener bajo control el contagio en las cuatro regiones judiciales, lamentablemente se han presentado decesos; sin embargo, se han facilitado mecanismos para el resguardo, acompañamiento y reincorporación del personal.
Esta situación de pandemia fue sorpresiva y representó grandes desafíos, siendo un pilar de todo estado de derecho, la impartición y administración de justicia. El Poder Judicial mexiquense no podía detenerse, fue imprescindible la adecuación de medidas procesales y de organización para recobrar cierto grado de normalidad.
Por un lado, las medidas implementadas para salvaguardar la integridad de los colaboradores judiciales en sede judicial han permitido mantener los niveles de contagio por debajo, proporcionalmente, de las cifras promedio oficiales a nivel estatal y nacional.
Si bien, ya disponíamos de recursos tecnológicos y de una justicia digital, el actual contexto obligó a acelerar el paso para disponer de un servicio más extenso del Tribunal Electrónico, así como generar una nueva cultura y habilidades, principalmente en la comunidad jurídica.
Enfrentamos un panorama complejo ante el distanciamiento social; no obstante, hemos puesto especial atención en estrategias que permitan garantizar el acceso a la justicia en la entidad, entre ellas: mantener las medidas de prevención para una ágil atención en órganos jurisdiccionales, consolidar el Tribunal Electrónico a través de la revisión de procesos y procedimientos tendientes a una simplificación administrativa, implementar acciones que coadyuven al incremento de asuntos concluidos, así como al impulso de los mecanismos alternativos de solución de conflictos para una administración de justicia oportuna, garantizar el derecho de los niñas, niños y adolescentes; y, promover el trabajo a distancia.
