Con el cabal compromiso de no permitir actos de corrupción, en una labor conjunta y de inteligencia con la Fiscalía General de Justicia de la entidad, se detectaron dos redes de corrupción integradas por servidores públicos, abogados y usuarios, en ambos casos, las investigaciones continúan bajo el riguroso amparo de la ley para su desmantelamiento y persecución legal.
El Consejo de la Judicatura exhorta a colaboradores judiciales y litigantes a denunciar aquellos actos contrarios, no sólo a las leyes sino a la ética, a principios y valores elementales como la honestidad. No se tolerarán actos ilícitos de servidores públicos de ninguna categoría o de litigantes.
En el marco del Sistema Estatal Anticorrupción, y como parte integrante del mismo, los titulares de unidades administrativas firmaron una Carta Compromiso con la Política Estatal Anticorrupción.
Se amplió la certificación bajo la Norma ISO 37001:2016 Sistema de Gestión Antisoborno con un alcance a los procesos: Administración de Personal; Atención a Solicitudes de Bienes y Servicios; Administración de Fondos Financieros incorporando el procedimiento de Administración del Fondo Auxiliar de Justicia; y, Auditoría.
El Estado de México ha suscrito 3 convenciones internacionales en materia de Anticorrupción, lo cual, ha permitido generar instrumentos que contribuyan a sustentar iniciativas y planes de acción. En este marco, se elaboró el Manual de Investigación de Faltas Administrativas como herramienta de orientación para la autoridad investigadora, así como el Manual de Substanciación del Procedimiento Administrativo, reglamentando, el uso de la telepresencia para el desahogo de audiencias.
En materia de control y vigilancia, nuevamente fue necesaria la adaptación de los procedimientos, implementando las auditorías por medios virtuales, desarrollando 717 procesos, de los cuales, 300 fueron a través de medios electrónicos.
Se dio atención a 6 auditorías de diversos ejercicios fiscales e instancias, como es el caso de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre Participaciones a Entidades Federativas de los ejercicios 2018 y 2019, además de la de Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
El Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM) respecto a la operación del
año 2019; la Auditoría Interna de la Contraloría que revisa información
del mismo año, y finalmente, una Auditoría Externa sobre Dictamen a
Estados Financieros 2020
Auditoría 834-DE-GF (Participaciones Federales 2018) Se atendió la información sobre todos los capítulos de gasto y se entregaron los requerimientos adicionales a satisfacción de los auditores. Por lo que dicha auditoría concluyó SIN OBSERVACIONES.
Auditoría 733-DE-GF (Participaciones Federales 2019)
Se llevó a cabo por la Contaduría General Gubernamental, para lo cual
se convocó a las áreas responsables, las que concluyeron los trabajos y
vía Secretaría de la Contraloría de la entidad, se entregó la información
con la cual se solventaron las observaciones. El Proceso se encuentra
en espera de respuesta por parte de la autoridad fiscalizadora.
Auditoría 758-GB-GF (Cumplimiento Ley de Disciplina Financiera) La Auditoría Superior de la Federación (ASF) notificó el Programa Anual de Auditorías y la realización de la auditoría al Poder Judicial. Se pidió al Poder Judicial la atención de algunos requerimientos, cumpliendo con éstos, por lo que el resultado final de auditoría fue sin observaciones.
Auditoría Interna de la Contraloría sobre Proceso de Administración de Recursos Financieros 2019 La Dirección de Auditoría del Poder Judicial llevó a cabo la revisión del presupuesto, contabilidad y tesorería respecto a ingresos y egresos, así como inversiones, entregando la información requerida por parte de los auditores. Concluyó sin observaciones y con algunas acciones de Mejora Administrativa.
Auditoría OSFEM 04/2020 (Cuenta Pública 2019) Se comunicó por parte de la Auditora Superior de Fiscalización de la entidad, la contratación del Despacho Lumbreras, Islas y Asociados para llevar a cabo la Auditoría Externa respecto a la gestión financiera 2019.
Esta auditoría se encuentra en proceso.
Auditoría Externa para Dictaminar Estados Financieros 2020. Llevada a cabo por el despacho externo DEGHOSA Internacional Consultores, S.C. Se solicitó la información a las diversas áreas. Esta auditoría se encuentra en proceso.
La administración pública debe proveer bienes y servicios de calidad a la ciudadanía, la constituye la planeación, organización, dirección y control de los recursos y capacidades institucionales para alcanzar con eficacia y eficiencia las metas establecidas.
Para el ejercicio 2020, se asignó mediante Decreto número 119 un presupuesto hasta por $3,936,184 miles de pesos; se obtuvieron ingresos propios por $1,192.5 miles de pesos por concepto de capacitación.
Además para dar cumplimiento a las acciones preventivas con motivo de la epidemia causada por el virus SARS-CoV2, para el Gobierno del Estado de México se aplicaron dos reducciones presupuestales a partir del mes de mayo del año 2020 por un importe de $66,205.3 miles de pesos, equivalente a una reducción del 10 por ciento en los capítulos de gasto 2000, 3000, 4000 y 5000.
Se ejercieron recursos federales por $42,594.7 miles de pesos para la Implementación de la Reforma Laboral para mobiliario y equipo de 7 Tribunales Laborales; equipamiento tecnológico de 14 salas orales; y, para la campaña “La Justicia Laboral es nuestra responsabilidad”, en los 125 municipios de la entidad.
Por lo anterior, se obtuvo un presupuesto autorizado modificado por $3,913,767 miles de pesos para el año 2020.
Cabe mencionar que, a pesar de las reducciones en materia presupuestaria, se establecieron estrategias para lograr la atención de prioridades institucionales, y así otorgar un acceso a la justicia de calidad y acorde al contexto actual.
La modernización y la mejora administrativa implican, entre otras cosas, la evaluación permanente de las estructuras y procedimientos, con la finalidad de consolidar aquellos que contribuyen al cumplimiento de los objetivos institucionales y replantear los que resulten insuficientes. En este marco, se actualizó la estructura orgánica derivada de la fusión, transformación y creación de órganos jurisdiccionales en las materias Penal, Civil, Familiar, Mixta y Laboral, así como los manuales de organización y procedimientos.
Conscientes de la demanda de servicio, de las cargas de trabajo, así
como de la dinámica presentada por el personal principalmente en
órganos jurisdiccionales, se plantearon estrategias que permitieran
el fortalecimiento de la plantilla del personal, inicialmente cubriendo
plazas vacantes.
Es así que, para el 2020 se contrataron 403 colaboradores, de los cuales, 254 fortalecieron a los órganos jurisdiccionales y 149 a la función administrativa
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No se omite mencionar que se incluye a los 147colaboradores judiciales que integran los 7 Tribunales Laborales.
En el propósito de disponer oportunamente de los bienes y servicios para el desempeño de la función, se realizaron los procesos siguientes:
Dentro de los procesos más relevantes se identifican: la compra
de materiales y suministros para salvaguardar la integridad de
colaboradores y usuarios ante la contingencia sanitaria; los procesos
para la adquisición del mobiliario y equipo para los Tribunales Laborales,
ya que se llevaron durante etapa de semáforo rojo y la incertidumbre
generada, incidió tanto en costos como en tiempos de entrega.
El patrimonio inmobiliario de la institución se incrementó con la donación de dos predios, el primero de ellos por parte del Ayuntamiento de Tultitlán para la construcción de juzgados civiles y familiares, el segundo donación del Ayuntamiento de Nicolás Romero.
En el ámbito de construcción y mantenimiento de infraestructura, se trabajó en dos líneas, obra pública y servicios relacionados con aproximadamente 16 acciones y una inversión cercana a los 256 millones de pesos. Entre estas actividades se mencionan:
En una segunda línea de atención, se realizaron acciones en 75 inmuebles con el propósito de dar mantenimiento, reparar y adecuar espacios para el correcto otorgamiento del servicio y contar con instalaciones dignas para el desempeño de la función, mismas que requirieron de aproximadamente $16.1 millones de pesos.
Dentro de las más representativas, se mencionan:
Se integró el Plan Estratégico 2020-2025 con una visión moderna, participativa e incluyente con el firme propósito de garantizar el derecho
humano de acceso a la justicia; producto de un proceso de análisis del contexto actual, de mejores prácticas, así como de las demandas reales de la Sociedad. Se integra un plan basado en 4 ejes rectores que dan origen a 17 estrategias, 64 líneas de acción y 69 metas.
