El Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Judicial sesionó en 31 ocasiones, corolario de ello, se emitieron 99 acuerdos relacionados con la clasificación de información –73 como confidencial, 22 reservada y 4 relacionada con la creación de sistemas de datos personales–, con el objeto de atender oportunamente los requerimientos de la ciudadanía bajo los principios de certeza, legalidad e información, garantizando el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales que se encuentran en posesión de esta autoridad.
Comprometidos con la voluntad institucional de transparentar su actuar y dar cuenta de su fin primordial que es la impartición de justicia, se implementó un programa para la publicación de sentencias de forma gradual por materia. Para ello se llevó capacitó a colaboradores judiciales, se desarrollaron herramientas tecnológicas que faciliten la generación sistematizada y la publicación de las resoluciones en su versión pública.
Es así que, más de 10,000 sentencias en las materias Mercantil, Penal, Familiar y Civil están disponibles para su consulta en el sitio web institucional. Con ello, no solo se da cumplimiento a la ley, sino, se genera mayor acercamiento con la ciudadanía fomentando la confianza en las instituciones.
Durante el periodo que se informa se dio atención oportuna a solicitudes de información, beneficiando 847 personas peticionarias que ejercieron su derecho humano de acceso a la información pública; asimismo, se gestionaron 38 recursos de revisión interpuestos.
Con relación a las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales, se recibieron 34 peticiones relacionadas con ejercer su derecho de protección, de las cuales, sólo una está en proceso de atención; se interpusieron 22 recursos de revisión.
Basados en la ley de la materia, que señala poner a disposición de manera permanente y actualizada información que sea de utilidad o se considere relevante para el ciudadano, se creó el Sistema Geoestadístico del Poder Judicial del Estado, cuyo objetivo es proporcionar una herramienta que permita identificar el territorio estatal en diferentes niveles de desagregación para localizar órganos jurisdiccionales y unidades administrativas, así como información estadística de interés público.
El sistema considera 5 niveles de información: 1. Estado de México 2. Región Judicial 3. Distrito Judicial 4. Edificio 5. Órgano Jurisdiccional o Unidad Administrativa
Los cuales, a su vez muestran: número de órganos jurisdiccionales o unidades administrativas, número de jueces y magistrados, así como número de apelaciones.
Por cuarto año consecutivo, se obtuvo el premio U-Gob reconociendo a la Aplicación Móvil del Poder Judicial del Estado de México en la categoría de Gobierno Digital como una herramienta abierta a todo el público, que facilita la consulta de información judicial relevante y particularmente para los abogados en la gestión de trámites. Representa un giro en la forma tradicional de litigar, al tener acceso a expedientes electrónicos y acuerdos judiciales en línea.
La App se conforma de varios apartados, entre los más destacados son:
Misión, Visión, Política de Calidad, Objetivos Institucionales, Noticias,
Estadística Jurisdiccional, Boletín Judicial, Directorio, Jurisprudencia,
Consulta del Expediente Electrónico, Correo Electrónico, Programa de
Atención Ciudadana OPERAM; así como secciones de uso interno, tales
como consulta de Nómina, Consulta de Asistencia, Encuestas, entre
otras.
La aplicación ha tenido 14,080 descargas para Android y 4,426 para iOS.
El Poder Judicial de Estado de México es el garante de la tranquilidad social al encausar y resolver los conflictos sociales. La legitimidad de sus resoluciones y la transparencia en sus actuaciones son los pilares que la sostienen. Por ello es bienvenida la creciente participación de
la sociedad civil, que se involucra de manera activa, en observar y opinar, respecto al desempeño de las instituciones de impartición de justicia. Las demandas sociales son muy valiosas, pero deben ser registradas y sistematizadas, de manera que puedan convertirse en políticas públicas. Con ello la sociedad a través de las instituciones, puede desarrollar una real evaluación del desempeño de la impartición de justicia, identificar y crear indicadores para medir los estándares de calidad y con ello transparentar, orientar y proponer acciones en favor de la administración de la justicia.
Con esa premisa se constituyó el Observatorio Ciudadano en Favor de
la Justicia el 30 de noviembre. En la conformación del Observatorio,
participan organizaciones de la sociedad civil, empresarial y laboral,
instituciones académicas, asociaciones, colegios y barras de abogados.
En su constitución están presentes: Asociación de Doctores en Derecho, Asociación de Escuelas Particulares del Estado de México, Asociación de Hoteles Turísticos del Estado de México, Asociación de Industriales del Estado de México, Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Barra de Abogados del Estado de México, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Estado de México, Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo del Valle de Toluca, Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo, Carrera de Derecho, Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca Centro de Ética Judicial,
Se buscó incrementar la interacción directa con los mexiquenses mediante canales gratuitos y posicionados socialmente como Facebook, Twitter, YouTube e Instagram y generar mayor acercamiento social.
En los primeros meses de 2020, se registró en redes sociales un promedio de 41 comentarios por publicación, al cierre del año se han llegado a contabilizar arriba de 700 comentarios en un solo post. Con un alcance de 405,559 personas.
Se registró un aumento del 63 por ciento en seguidores (followers) de los perfiles institucionales, y aunque contamos con un significativo número de suscriptores en YouTube (3,920) e Instagram (3,964), Facebook y Twitter siguen siendo las redes más fuertes con más de 83,000 seguidores. Cabe mencionar, que en estos tiempos de pandemia, dichos mecanismos han sido los mejores medios de comunicación y expresión entre la ciudadanía y el Poder Judicial.
La inesperada llegada de la pandemia modificó la dinámica institucional requiriendo de una capacidad de respuesta para atender las medidas sanitarias y la adaptación del servicio a través del uso de las tecnologías, siendo necesaria la amplia difusión de las medidas adoptadas dirigida a colaboradores judiciales, usuarios y a la sociedad en general, con las campañas para prevenir contagios por COVID19 mediante carteles, videos y animaciones con las medidas preventivas, protocolos,
señalizaciones y recomendaciones generales para evitar contagios, así como tener un regreso seguro.
A la par, se desarrolló la campaña La Justicia Digital en el PJEdomex
con el objetivo de promover el uso de los servicios de la justicia digital
a través del Tribunal Electrónico y la tramitación de la Firma Electrónica
FeJEM, incluyendo 21 animaciones explicativas de los servicios en línea,
que permitieron dar continuidad al servicio público.
La Revista “Yo por la Justicia” renovó su imagen gráfica iniciando una Nueva Época en la publicación, con cuatro ediciones de 2 mil ejemplares cada una y su versión en línea con 59,960 lectores –lo que representa un incremento del 133 por ciento de usuarios con respecto al 2019–, se logró generar identidad institucional, reconocimiento al trabajo de los colaboradores judiciales, así como posicionamiento del Poder Judicial mexiquense.
El Poder Judicial del Estado de México realiza un trabajo de vinculación permanente con los poderes del estado, entidades gubernamentales nacionales e internacionales, académicas, así como con los sectores empresarial y gremial, entre otros; lo anterior, con el objeto de estrechar las relaciones institucionales siempre en un entorno de respeto y buscando el beneficio de los mexiquenses.
En este sentido, destaca la visita de representantes de la Comisión Iberoamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos (CICAD-OEA) y de la Embajada de los Estados Unidos en México, con quienes se compartieron las buenas prácticas de la Justicia Terapéutica en su modalidad de Tribunal de Tratamiento de Adicciones (TTA).
Se suscribieron 12 convenios de coordinación y colaboración
institucional (4 de ellos renovaciones), entre los que destacan con
instituciones educativas en materia de Servicio Social y Prácticas
Profesionales con: Campus Universitario Siglo XXI y la Universidad para
la Profesionalización Estratégica S.C.; Universidad Univer Milenium;
Centro de Estudios Superiores Universitarios, CESU; Escuela Jurídica y
Forense del Sureste; Universidad Autónoma del Estado de México y su
Facultad de Derecho.
La ética debe ser la esencia del actuar de todo servidor público, debe
ser la pauta y la norma de su vocación de servicio, en este sentido, se
renovó la colaboración con el Centro de Ética Judicial, realizando en la
anualidad 2020, dos conferencias en línea: Ética Judicial aplicada. Casos
Prácticos y la Ética Judicial para la Justicia Laboral.
El “International Legal Assistance Consortium” en coordinación con el “Cyrus R. Vance Center, for International Justice” de la New York City Bar, llevaron a cabo una entrevista al Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura denominada: “Pandemia Covid-19: Desafíos actuales y futuros para el Poder Judicial en América Latina y el Caribe.
Dicha entrevista se incluyó en el reporte denominado Justicia en el
tiempo de COVID-19, Desafíos del Poder Judicial en América Latina
y el Caribe, en el que nuestra institución contó con un excelente
posicionamiento por el manejo que se dio a la impartición de justicia
en la época pandémica.
Este trabajo fue presentado en un foro virtual en el que participaron: